Dos padres habían solicitado al Departamento de Educación, sin éxito, que sus hijos fueran educados en castellano de forma equitativa en relación al catalán. El TSJC había avalado la negativa de Educación, amparándose en la ley catalana de política lingüística. Pero el Supremo considera que no se está garantizando el castellano en los centros privados concertados a los que acuden los hijos de los demandantes y basa su resolución en el dictamen que el Tribunal Constitucional hace del Estatut.
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