El Tribunal Supremo considera que el PP no está legitimado para reclamar que se incoe un expediente sancionador a Manuel Chaves y mantiene que los partidos políticos de la oposición tienen la obligación de ejercer el control parlamentario a través de "instrumentos específicos que les dan garantía concreta para asegurarles la autonomía", pero eso "no se extiende a la legitimación para actuar en un proceso contencioso-administrativo", "no se prolonga al o implica el control judicial".
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