La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha resuelto que la reclamación de 89 millones de euros de la Junta de Andalucía a la multinacional Boliden Apirsa por el vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar, en abril de 1998, es competencia de los tribunales civiles, que la rechazaron en 2002.
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