El Tribunal Supremo ha anulado los convenios que el Gobierno Vasco firmó en 2002 con los Ayuntamientos de Treviño y La Puebla de Arganzón (ambos municipios de Burgos), entonces gobernados por partidos que apoyaban su anexión a Álava, sobre educación, cultura y desarrollo rural. De esta forma, da la razón a la Junta de Castilla y León que emprendió la vía judicial desde entonces contra estos convenios y que supuso la ruptura de las relaciones institucionales entre ambos gobiernos.
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