Pese a la insistencia durante ese tiempo del juez instructor del caso, Baltasar Garzón (quien llegó a referirse a una supuesta estafa por tres millones de euros), la Fiscalía Anticorrupción y las administraciones de las comunidades autónomas afectadas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura), la sentencia confirmada ahora deja claro que «no hay ni el menor dato» de que se cometiera delito alguno para hacerse con las subvenciones europeas.
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