El Tribunal Supremo ha anulado una multa de dos millones de euros impuesta en 2003 a Telefónica y a su filial Telefónica Telecomunicaciones Públicas por incumplir una resolución cautelar que la obligaba a paralizar su oferta de servicios de telecomunicaciones para locutorios y a eliminar cualquier tipo de discriminación que pudiera estar realizando a otras empresas de telefonía de uso público en aquel momento.
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