El Tribunal Supremo ha anulado las indemnizaciones que el Gobierno acordó dar a los afectados por los incidentes del aeropuerto de El Prat de julio de 2006, ya que considera que el Ejecutivo infringió la legalidad al establecer las ayudas y medidas específicas de AENA, limitando su autonomía. El alto tribunal acepta el argumento de que el Gobierno infringió la legalidad, como esgrimió Iberia (a la que se abrió un expediente por aquellos sucesos).
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