La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado un acuerdo aprobado en 2009 por el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) que regulaba las ayudas de transporte a familiares de personas internadas en centros penitenciarios, ayudas que normalmente beneficiaban a quienes querían ir a visitar a presos de ETA. El Supremo concluye que el Ayuntamiento de Durango incumplió la Ley General de Subvenciones, que le obligaba a concretar previamente un "plan estratégico" de ayudas, sus costes y fuentes de financiación.
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