Una comisión judicial irrumpió por error en su segunda residencia rompiendo la cerradura, por lo que sufrió robos por valor de 10.000 euros. Pese a que el juzgado reconoce la equivocación (la casa a la que se debía cambiar la cerradura estaba en una parcela contigua), se desentendía tanto de la reparación de la puerta, que ha quedado "inservible", como de la reposición de todos los objetos robados.
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