Los funcionarios no son el problema, sino una mala política administrativa que ha permitido el enchufismo, el abuso de la contratación directa y la consultoría y que ha terminado por «quitar de las manos» el trabajo a los funcionarios públicos, duplicando un gasto que ahora hay que recortar. Hay un enorme grado de solapamiento en las administraciones españoles (central, autonómica y local), que hacen lo mismo. Este es un problema, agravado porque la gestión a nivel autonómico y local es mucho más liberal y con menos control.
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