Aunque es de justicia reconocer el buen trabajo realizado por la Administración, que ha conseguido reducir en un 63% el número de víctimas mortales entre 2001 y 2011, las enormes consecuencias humanas y sociales que llevan asociadas los accidentes de tráfico, nos obligan a ser más exigentes y reclamar que se tomen las medidas adecuadas que contribuyan a mejorar la seguridad vial.
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