La alcaldesa de Alicante da por perdida las relaciones con los medios y no comunica noticias de calado, pese a esto, ha creado un puesto de jefe de prensa que cobrará 45.000 euros al año. Su gabinete está obsesionado con controlar todo lo que se publica. El antes y el después de la actitud de la alcaldesa con los medios se dio cuando el fiscal la acusó de tres graves delitos dentro del caso Brugal, en octubre de 2010. La edil aireó el escrito del ministerio público y preparó un argumentario de defensa que esgrimió en rueda de prensa.
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