Según Solbes, "son los accionistas de cada empresa quienes han percibido los beneficios en los últimos años, de modo que son ellas, quienes deberán asumir las eventuales pérdidas derivadas de su actividad". Y es que para Solbes, "no sería ahora razonable que el Gobierno empleara el dinero de los contribuyentes para ayudar a quienes han tomado decisiones empresariales que, ya sea por mala gestión o por mala suerte, han resultado poco acertadas".
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