El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 6/2013 de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Se analiza si lo que dicte el Supremo será de alguna ayuda a los afectados por las obligaciones subordinadas y participaciones preferentes.
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