Analizado la sentencia conocida ayer, que daba la razón a los sindicatos contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ordena que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir. El abono de las nóminas íntegras desde la fecha del despido (julio de 2012) hasta la resolución de la sentencia, estiman que puede costar a cargo del contribuyente entre 14 y 30 millones de Euros.
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