«se pactó con el Ministerio de Cultura que si el total de la recaudación por copia privada no llegaba a los cien millones de euros anuales, el erario público pondría la diferencia». Los denunciantes sostienen que las cifras presentadas en Cultura son menores que las que anuncian en sus informes corporativos con la intención de cobrar la diferencia.En el caso de SGAE, la documentación indica que entre 2008 y 2009 hay una diferencia de 1,89 millones de euros entre la factura presentad a Cultura y la que repartieron a sus socios.
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