A las protestas vecinales, que reclamaban que fuera un espacio público y abierto, se sumaron las denuncias por irregularidades en el acuerdo, que llegaron a los juzgados. La cesión no tenía ningún coste para la SGAE, que a cambio prometía invertir en esta joya arquitectónica del siglo XVIII 30 millones de euros. Pero, al parecer, 21 de ellos iban a destinarse a obra nueva y no a rehabilitación.
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