Según consta en el auto dictado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, los tres están imputados de "un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación", que puede ser penado con hasta seis años de prisión. Asimismo, de "administración fraudulenta", por el que la ley contempla hasta cuatro años de cárcel.
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