El Gobierno trata de reducir el astronómico gasto en prestaciones de desempleo con el endurecimiento de las condiciones para disponer de la ayuda pública. El cobro del paro está siendo sometido a una vigilancia cada más estrecha por parte del Servicio Público de Empleo, que ya no permite ni abandonar sin su permiso el país a riesgo de perder el derecho a cobrar el subsidio.
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