Es por cargos de obstrucción a la justicia, en un proceso que lo involucra por acoso sexual y haber mantenido "contacto sexual con dos empleadas sin su consentimiento" en Galveston, Texas. Como otros jueces federales, el cargo de Samuel Kent era vitalicio y el gobierno aún le paga su salario a pesar de que ya no participa en audiencias. Estricto, sarcástico y mordaz con los abogados en su corte, solicitó humildemente que se le considere incapacitado y se le permita jubilarse, además de que le paguen su salario como una pensión vitalicia.
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