La Ley de Seguridad Ciudadana, que permitirá a los agentes privados vigilar el exterior de las cárceles y detener en la calle, entrará en vigor en los próximos meses. Sin embargo, dos de las mayores compañías del sector, Prosegur y Securitas, preparan un ERE y el descuelgue del convenio colectivo, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
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