El pasado 16 de marzo, España se convirtió en el noveno país de la UE en trasponer la directiva europea de plazos de pago, que marca un máximo de 30 días para las administraciones y de 60 para las empresas. Las administraciones españolas pagaron en el primer trimestre a 155 días, según el último informe de Intrum Justitia, lo que supone 125 días por encima de lo que marca la norma europea transpuesta.
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