En el año 2008 falleció el marido, quedando su mujer como única socia de la pequeña empresa, viéndose sumida en una situación de déficit económico derivado del hecho de que en 2009 tuvo que pagar más de 25.000 euros y el coste de cancelación de los derivados ascendía más de 80.000 euros. La magistrada estima íntegramente la demanda condenando en costas, declarando la nulidad de los contratos suscritos y obligando al Santander a devolver las liquidaciones practicadas con los intereses legales correspondientes.
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