“Consideramos que el Gobierno no es depositario de la verdad absoluta ni tiene la fórmula mágica para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Necesitamos involucrar a todas las fuerzas vivas, y por lo tanto, queremos escucharles”. Ocho meses tardó el gobierno de El Salvador en llegar a esta conclusión sobre el principal problema que abate al país: la violencia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos teme que haya grupos de limpieza social.
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