La legalización era, sin duda, un éxito ganado a pulso, desde que, ya en 1939, el PCE tomara la firme decisión de no ser un “partido de emigración”. De hecho, pronto se convirtió en la columna vertebral de la oposición a la dictadura, pagando por ello un durísimo precio en muertos, exiliados, encarcelados o torturados. La presencia del PCE en los sectores más dinámicos de la sociedad española era indiscutible; por ello, mantenerlo en la ilegalidad hubiera generado evidentes efectos deslegitimadores para el nuevo régimen postfranquista.
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