Las reformas legales impulsadas por Gallardón entorpecen el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental. El proyecto de Ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo. El derecho de la sociedad al medio ambiente queda en entredicho. Si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONG denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y leyes comunitarias.
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