En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad Emarsa desde los años noventa -empresa creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios de la zona para la depuración de aguas- la liquidó por quiebra dejando un agujero de 17 millones de euros. ¿Cómo fue posible? La investigación judicial ya ha imputado a 16 personas por malversación, estafa continuada y delitos societarios, y es que los directivos habrían desde pagado por servicios inexistentes hasta costeado sus lujos a cargo de la empresa.
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