Para garantizar el Estado de Derecho, es imprescindible que los jueces sentencien con independencia sobre los actos administrativos del Gobierno y sobre las leyes del Parlamento. Pero si los órganos de dirección de los jueces son elegidos por los políticos, la libertad del poder judicial se quiebra y, paulatinamente, los ciudadanos asisten a un espectáculo dantesco de sentencias politizadas, arbitrariedades, desigualdad ante la ley y rápido ascenso de los jueces y fiscales cercanos a los partidos políticos.
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