Es decir, de haber algún argumento para discriminar a favor o en contra de dicho tipo de parejas sería para hacerlo a favor, ya que sus hijos vivirían en familias de estatus socioeconómico más alto, lo cual está muy asociado a la probabilidad de cursar estudios superiores, disfrutar de una renta más alta… y contribuir al sostenimiento del sistema de pensiones. Los argumentos económicos (y al fin y al cabo se trata de una decisión de gasto público) parecen indicar que la decisión del Ministerio responde a motivos ideológicos, y no técnicos.
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