Más allá de las sanciones administrativas -que son el castigo mayoritario-, desde el inicio del estado de alarma, el incumplimiento del encierro obligado está derivando en algunos casos en condenas -con penas leves o multas- por un delito de desobediencia a la autoridad e incluso en algún auto de prisión para evitar la reincidencia, aunque algunas voces críticas de juristas recelan de que se esté aplicando correctamente este tipo penal.
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