No era un tema baladí. La defensa de Correa había pedido la nulidad de todas las pruebas derivadas de aquel registro ordenado por el instructor Antonio Pedreira a petición de la Fiscalía y de la Brigada Antiblanqueo, sabedora de que en el allanamiento los funcionarios de prisiones encontraron documentos claves para prorrogar la prisión preventiva por el «riesgo de fuga» y la «reiteración delictiva», los dos argumentos de mayor peso a la hora de denegar una excarcelación de un preso preventivo o imponer una fianza.
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