Además, ningún hospital público realiza abortos. Las cinco clínicas acreditadas para interrumpir embarazos aseguran que Sanidad las fuerza a incluir en las facturas el nombre de la mujer que aborta. Éste también aparece en la solicitud y en las pruebas que le hacen. La ley garantiza y exige confidencialidad. [Enlazo a la edición en papel/pdf porque la noticia no aparece en la web]
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