Unas comunidades autónomas sin recursos tendrán que asumir servicios municipales de ayuda a domicilio y residencias para mayores. Unos 70.800 empleos en servicios sociales, 2,6 millones de beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la familia, inserción social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000 plazas en residencias de mayores están en el aire como consecuencia de la reforma de la Administración local, una ley que el Gobierno prevé aprobar en breve. Peligran 2,6 millones de prestaciones.
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