El 31 de agosto se publicó el Real Decreto-Ley 24/2012 con el que el Gobierno conseguía desdecirse por segunda vez en ocho meses en este asunto, expresión de inutilidad e incompetencia sin consecuencia visible alguna sobre los responsables de dirigir la política económica de nuestro país. Comentario del contenido de algunas de las disposiciones de dicha norma que suponen un atentado contra algunos de los principios del sistema jurídico que se supone que instauró la Constitución declarando, de facto, el estado de excepción financiero.
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