Por una curiosa circunstancia, la aplicación del “tasazo” judicial que entró el lunes en vigor y encarece la justicia para los pobres, ha venido a coincidir con una reforma del Código Penal que equipara como delincuentes a quienes incurran en fraude al sistema de pensiones o al subsidio de desempleo con los defraudadores de millones de euros. Tal vez el término “equiparar” sea inexacto, pues los primeros serán castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión con independencia de lo percibido indebidamente, y los segundos, los de cuello blanc
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