"Esta reforma es tan grave o más para los servicios sociales que la de la Ley de Dependencia", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que ha recordado que del sistema de servicios, gestionado por ayuntamientos y corporaciones locales, dependen siete millones de personas y más de 50.000 puestos de trabajo. El coste en 2011 fue de unos 1.330 millones de euros. Asimismo, ha indicado que esta ley consagra como "sospechosos" a los trabajadores y concejales de los ayuntamientos.
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