Los planes para limitar el aborto, incluso en caso de malformación, destilan un regusto franquista. Nadie en el Gobierno ni en el partido que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto. Porque no los hay. La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de una ley que se ajusta a los estándares legal
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