El Gobierno de Mariano Rajoy le hizo un flaco favor al ‘banco malo’ cuando decidió recurrir al Tribunal Constitucional la ley antidesahucios andaluza. Es este recurso el que ha permitido a la Junta de Andalucía conocer que la Sareb tiene en la región 911 viviendas protegidas, dando pie al Gobierno de Susana Díaz a que pueda sancionar con más de 100 millones de euros al ‘banco malo’ por no haber registrado estos pisos debidamente.
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