En un recurso de reposición presentado el 2 de abril, Paula Chaves recuerda que, "en fecha 29 de septiembre de 2006", la empresa que apodera "presentó solicitud de incentivos (...) al amparo de la orden de 2005" y que ésta "fue denegada 'por no reunir el proyecto los requisitos especificados en la orden', dado que entre los beneficiarios no se encontraban las empresas que desarrollen actividades mineras". Pero el 24 de junio de 2008 el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un nuevo decreto de ayudas que se suprimían todas las limitaciones.
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