Este fin de semana el Tribunal Constitucional portugués anuló una parte clave de los recortes realizados por el Gobierno. En concreto, tumbó la supresión de las pagas extra de los funcionarios y de los pensionistas, medidas que iban a suponer un ahorro de 1.150 millones de euros. Como consecuencia, las presiones de la troika obligarán al gobierno de este país a realizar nuevos recortes en sanidad, educación, prestaciones de la Seguridad Social y empresas públicas. ¿Podría darse una situación de este tipo en España?
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