Si las Autonomías españolas devolvieran sus competencias de Sanidad, Educación y Justicia a la Administración General del Estado, el gasto público se vería reducido en 48.000 millones de euros. Olviden, por favor, por un momento, que esto lo ha dicho Esperanza Aguirre; y dejemos de lado, también, la exactitud de la cifra (que, mucho me temo, se queda corta): resulta evidente que la afirmación es cierta. Cualquier comparación de la evolución del gasto público a partir de las trasferencias de competencia a las autonomías lo demuestra.
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