En resumen se puede decir que, desde la reforma que realiza Rato en el 2003, pasando por los últimos decretos del gobierno actual, lo que se ha realizado es toda una arquitectura legal, a medida, para permitir a los bancos y cajas incautar fondos de la gente, hacerlo gratis, no devolverlo y que no les pase factura, que no les pase NADA.
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