Consciente del coste social que tiene esta decisión, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha decidido hacerlo desde el consenso y a través del Pacto de Toledo. Para ello, propondrá un factor de sostenibilidad, que es un mecanismo para forzar de forma automática un ajuste de las pensiones similar al aplicado en otros países europeos. La medida supondría ahorrar unos 10.000 millones de euros, equivalentes a un 1 por ciento del producto interior bruto.
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