Nada se encuentra a resguardo de la reforma de la Administración Pública que el Ejecutivo ha puesto en marcha. Y menos aún el conglomerado de fundaciones existente en el Estado. La culpa la tiene el agujero en el que se han convertido sus resultados una vez que la crisis ha segado la mayoría de las subvenciones. Según fuentes de La Moncloa, el Gobierno no descarta incluso que desaparezcan «todas aquellas que carezcan de un interés público digno de protección» o cuya labor no esté resultando «eficaz» para alcanzar su propósito.
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