La política de adelgazamiento que quiere aplicar el Gobierno central a los ayuntamientos pone el acento en los sueldos de alcaldes y concejales. El Estado plantea que las nóminas de la corporación municipal no podrán superar en ningún caso el 0,6% del total de gastos del presupuesto municipal. Esta iniciativa dejaría a al menos 43 de los 88 ayuntamientos canarios con menos de 50.000 euros para pagar a sus cargos públicos.
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