El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no se atreve a expulsar del grupo popular en el Parlamento autonómico a Rafael Blasco, exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, a pesar de que los abogados de su Gobierno pide 11 años de cárcel para él por expoliar fondos públicos destinados a ayudar al tercer mundo.
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