Cuando el Gobierno anuncia una ley para regular la muerte digna, el debate se centra enseguida en los medicamentos que se pueden dar, en si va a haber sedaciones, o si se podrá retirar un tratamiento. Pero hay un aspecto que es clave -dónde debe pasar todo eso- que siempre queda al margen. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2009 apuntaba que el 45% de los españoles desea que sus últimos momentos transcurran en su casa, un 31,9% prefiere un centro especializado y solo un 17,8% elegiría un hospital.
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