El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa Ana Botella y a siete ex altos cargos de su gobierno municipal a pagar una cifra cercana a los 23 millones de euros por la venta de 1860 viviendas viviendas públicas a fondos buitre en el año 2013. El organismo público considera que la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado y los culpa de "incurrir en una negligencia grave" al "no impedir" el "perjuicio en el patrimonio público".
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