La respuesta, hasta hará cosa de diez meses, era más o menos complicada, pero factible: las organizaciones que hacían campañas políticas tenían un techo de gasto en sus contribuciones a políticos. En enero, sin embargo, el Tribunal Supremo (lleno de jueces conservadores) decidió que cualquier legislación que limita el gasto en campañas electorales de empresas y entidades privadas es inconstitucional. El resultado es que más de la mitad de los anuncios en televisión sean de política, y un porcentaje altísimo de ellos no venga de los candidatos.
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