Me pregunto por qué mi Gobierno protege al padre católico que reclama clases de Religión para sus hijos en un colegio público y no hace lo propio con el progenitor que exige para los suyos un aula confesionalmente aséptica, aunque sea en un colegio concertado de ideario católico. Ambos centros se sufragan con dinero de todos los ciudadanos, procedente de los impuestos de laicos y religiosos.
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